¿FRAUDE MASIVO EN LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA?

La Junta de Andalucía no tiene competencias para regular las ayudas y subvenciones en materia de formación para el empleo.

En primer lugar, quiero aclarar a mis lectores que no soy contrario a la finalidad perseguida con el uso de los fondos públicos si con ello se trata de mejorar el empleo en nuestro país, y en especial, para perfeccionar la formación profesional de los ciudadanos que optan por ello. ¡Loable objetivo! Pero, una vez más, el fin no justifica los medios, como veremos a continuación.

Entre las acciones que forman parte de las “políticas activas de empleo”, esa cursi expresión de nuevo cuño que tanto gustan a los políticos, tenemos la formación para el empleo (para desempleados y trabajadores ocupados, que se denominaban formación ocupacional y continua, respectivamente). Evitaré en este momento el debate sobre la necesidad o no del gasto en formación para el empleo por los Servicios Públicos de Empleo, pero no puedo pasar por alto la gran apuesta realizada por un sistema educativo que integra la formación profesional. ¿Cuánto hubiera mejorado nuestro sistema educativo de formación profesional si la descomunal cantidad de dinero empleada en formación para el empleo se hubiera dedicado a la potenciación de aquél? Hablamos de muchos miles de millones de euros….

Sin embargo, el Gobierno andaluz ha optado por “duplicar” las estructuras de la formación profesional: la del sistema educativo, por un lado, y la de la formación para el empleo, por otro. El descontrol existente en la ejecución de las ayudas para ésta última se ha convertido en uno de los objetivos de los corruptos de nuestra Comunidad. Y para ello, han contado con la apreciable colaboración de la Junta de Andalucía, con vulneración incluso de nuestra Constitución y Estatuto de Autonomía. Es tan grave lo ocurrido, que todavía me cuesta trabajo digerirlo.

Como servidor público que soy, no he tenido la oportunidad trabajar en ninguna Consejería ni organismo relacionados con la materia del empleo. Pero cuando tuve conocimiento del contenido de algunos de los informes que ha elaborado la Cámara de Cuentas respecto a fundaciones públicas –Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, FAFFE, y Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza, AEFPA- y el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y que fue objeto de algunos comentarios en el vídeo que grabé con Eduardo Maestre titulado “Al Capone fue una monja de la Caridad” y que se publicó en Youtube en el mes de septiembre de 2012, así como a raíz de conocer el recurso interpuesto en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por una asociación de centros de formación ante el TSJRM, cuyos fundamentos serían aplicables al tema de la formación profesional para el empleo, profundicé un poco en el tema, y esta publicación es el resultado.

Dejaré para otro momento el tema de las transferencias de financiación, pero ya en el informe de mayo 2007 de la Cámara de Cuentas se indicaba como el SAE realizaba transferencias de financiación que no se destinaban a bienes de inversión, sino que eran utilizados por sus destinatarios para pagar gastos corrientes, como las nóminas de los contratados en la Fundación FAFFE, irregularidad similar a la que la jueza Alaya ha puesto de manifiesto en sus Autos judiciales del caso ERE. Al contrario que el SAE, el Servicio Público de Empleo Estatal, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, o las Consejerías o Servicios equivalentes de otras Comunidades Autónomas como Cataluña, Galicia, Madrid, Comunidad Valenciana o Canaria, lo hacían correctamente, dice la Cámara de Cuentas. Es importante recalcar este hecho: lo que ha ocurrido y ocurre en Andalucía no pasa en otras Comunidades ni en el Estado, aunque haya algunos que interesadamente digan lo contrario para exculpar a los políticos que gobiernan en Andalucía.

Según publicó el diario El Mundo, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado que el caso de los fondos para la formación es un "fraude" a la administración andaluza: "Aquí no estamos ante un fraude de la administración, sino ante un fraude a la administración", y ha garantizado "transparencia" de su Gobierno. Ha recordado que cuando accedió a la Presidencia de la Junta, trasladó a su Gobierno varias cosas la necesidad, conociendo el caso de los ERE, de poner más controles en la Junta para que las "lagunas que habían aflorado, se corrigieran". En ese momento, según agregó, se introdujo en Andalucía algo que no había en otra comunidad, como es la fiscalización previa de las transferencias de financiación.

Dicho sea con todos los respetos, la Sra. Díaz, o no está bien asesorada o desconoce el tema, pues la fiscalización de las transferencias ya se venía haciendo desde hace muchos años. Y como aún no se ha enterado o no se quiere enterar, el problema no está en la operación de la transferencia del crédito, sino en el uso posterior que se hace de la misma, y ese uso no se fiscaliza por la Intervención General de la Administración, sino por personal contratado laboral de las Agencias y Fundaciones, que si pusiera un solo obstáculo correría el riesgo de ser despedido. ¿Transparencia y más controles en la Junta de Andalucía? ¿A quién se quiere engañar?

Según la Cámara de Cuentas, sólo en 2009 el SAE concedió 420 millones de euros en varios planes de fomento de empleo (Centros Especiales de Empleo, Empleabilidad, Empleo Estable, Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo, y UPD, Plan Más Autónomo, Plan Extraordinario Mejoras de la Empleabilidad (Plan Memta), Contratación para cuidado de un familiar, Programa de Interés General y Social, Nuevos Yacimientos de Empleo).

Hace no mucho saltaba a los medios de comunicación la investigación de la Udef y de la Fiscalía Anticorrupción para destejer la tela de araña en torno al fraude de los cursos de formación a cargo de la Junta de Andalucía. Se habla de irregularidades en determinados expedientes de subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía en materia de formación para el empleo. Y la Cámara de Cuentas, en su último informe de enero de 2014 daba la alarma sobre el descontrol existente de estas ayudas.

Según publicó el diario ABC, el 6/05/2014, la cifra oficial de reclamaciones tiene visos de quedarse muy corta. Un millón es una gota en el océano presupuestario. La Junta ha repartido 2.326 millones de euros en ayudas para realizar 36.000 cursos desde 2007 a 2013 donde se han formado 758.000 alumnos.

Pero ni unos ni otros han denunciado lo que, en mi opinión, es más grave aún. Me ha extrañado muchísimo que la Cámara de Cuentas haya silenciado en sus informes esta circunstancia que considero fundamental, y que traigo como novedad en el fraude de las ayudas de formación para el empleo: la Junta de Andalucía ha podido estar regulando ayudas y subvenciones en materia de formación para el empleo sin tener la competencia para ello. ¿Qué significaría esto? Que todas las ayudas se han podido conceder sin adecuarse a las bases reguladoras que eran aplicables: las aprobadas por la Administración estatal.  

Si las ayudas y subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía han sido concedidas sin cumplir los requisitos establecidos en las normas estatales, podrían anularse. De ser así, la UE, en caso de haberse cofinanciados dichas ayudas, ¿podría sancionar a la Junta de Andalucía, además de tener que devolver toda la financiación de la UE del Fondo Social Europeo con fondos propios de la Junta de Andalucía, descertificando los gastos certificados? Espero que los investigadores y los órganos judiciales analicen el tema con detalle, y estudien si la Junta de Andalucía se ha extralimitado o no en sus competencias al regular las ayudas y subvenciones en materia de formación para el empleo, o si las ha concedido sin cumplir los requisitos de las bases reguladoras estatales.

Y hablando de subvenciones cofinanciadas con fondos europeos, ¿la Dirección General de Fondos Europeos no es la encargada de verificar y controlar estas ayudas?

Veamos que dice la vigente Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período de programación 2007-2013, en su artículo 37, “Verificación y control”:

“1. Sin perjuicio de las obligaciones que en materia de verificaciones y control interno corresponden a los órganos que gestionan Fondos Europeos, la Dirección General de Fondos Europeos, como centro directivo al que corresponde el seguimiento de las Intervenciones de los Fondos Estructurales, Fondo de Cohesión, programas e iniciativas establecidos por la Unión Europea, podrá realizar comprobaciones de carácter documental y comprobaciones de carácter físico de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento (CE) núm. 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre. 

A través de las verificaciones se comprobará que el gasto declarado es real, que los bienes se han entregado o los servicios se han prestado de conformidad con la Decisión aprobatoria y que las operaciones y gastos cumplen las normas comunitarias y nacionales.”

No hay más que leer los Informes de la Cámara de Cuentas relativos a los cursos de formación para el empleo para comprobar que, con dicha verificación, tenían que haber saltado todas las alarmas.

Según el apartado 2 del mismo artículo 37, para las labores descritas en los párrafos anteriores la Dirección General de Fondos Europeos podrá, en su caso, contar con el apoyo externo necesario. Y eso ha estado haciendo dicha Dirección General: más de 9 millones de euros se ha gastado en contratar empresas privadas para verificar la aplicación de dichos fondos.

Una de las empresas contratadas por casi 9 millones de euros para verificar la utilización de los fondos europeos –Red2Red Consultores- tiene como Presidente a Juan García Moreno, que ha sido Subdirector General del INEM, Director General de FORCEM y asesor en materia sociolaboral en el Gabinete de Presidencia del Gobierno, según consta en su página web.

Su curriculum, obtenido en las redes sociales, es excelente: Economista y funcionario de carrera, actualmente en excedencia, destaca su anterior actividad como Consultor en Localización de Inversiones Industriales y en Ordenación y Desarrollo Territorial y, posteriormente y a lo largo de diez años, como Responsable a nivel estatal de los Servicios Públicos de Empleo (Red de Oficinas del Instituto Nacional de Empleo/ INEM) y Responsable Nacional de la gestión del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (Plan FIP). Desde este último puesto, ejerció de Miembro Titular por España del Comité del Fondo Social Europeo, así como de otros Comités y Grupos de Expertos a nivel internacional. Cabe reseñar, igualmente, su actividad como primer Director General del Sistema Nacional de Formación dentro de las Empresas (Fundación para la Formación Continua/FORCEM), en su fase de puesta en marcha y consolidación. Finalmente, cabe destacar de su actividad al servicio de la Función Pública su papel de Coordinador de diversos programas de cooperación internacional en América Latina y Asesor en materia sociolaboral del Gabinete del Presidente del Gobierno. Desde 1995 viene trabajando en la iniciativa privada, primero como socio fundador y Director General de Enred Consultores, y en esta última etapa, desde julio de 2000, también como Administrador Único de la empresa Red2Red Consultores, de la que es asimismo socio fundador al tiempo que Consejero Delegado de la empresa dedicada a la Consultoría en Responsabilidad Social Corporativa Responsables, S.L

No se puede dudar que desconozca el tema de la formación para el empleo. ¿Cómo es posible que esa empresa, con el dineral que ha costado su contratación, no haya detectado nada irregular en las ayudas concedidas con fondos europeos para la formación? ¿Nadie es responsable de ello?

Por otro lado, si la Fundación FAFFE de la Junta de Andalucía fue auditada con determinadas empresas privadas, auditorías que son remitidas a la Intervención General para ser revisadas, y que forman parte de la Cuenta General de la Junta de Andalucía, ¿estas empresas auditoras no tienen nada que decir? Y la Intervención General, ¿qué medidas adoptará con dichas empresas auditoras? Esta es de nuevo una demostración más de lo que llevo defendiendo desde hace años: cuando de fondos públicos se trate, no se puede prescindir de la fiscalización previa, pues las auditorías realizadas por empresas privadas una vez hecho el gasto, no sirven para controlar el gasto público ni su adecuación al ordenamiento jurídico.

Aquí les dejo los enlaces a algunos de los informes de las auditorías realizadas sobre FAFFE por empresas auditoras privadas, que pagamos todos los andaluces, que están publicados en la web de la Junta de Andalucía:

Informe de auditoría de 2008

Informe de auditoría de 2009

Informe de auditoría de 2010

La Cámara de Cuentas y la Fiscalía encuentra irregularidades graves en los cursos de formación para el empleo en los que ha participado FAFFE. Las auditorías de las empresas privadas no encuentran nada. ¿Por qué?

Queridos lectores, este es el sistema de control del gasto que la Junta de Andalucía efectúa en las Fundaciones, Agencias empresariales y las sociedades mercantiles. Este es el sistema que defiende el Gobierno andaluz con su “Administración paralela”: la ilegalidad en su actuación y el descontrol del gasto, para que los corruptos puedan hacer su agosto a costa de nuestros tributos.

Y, por cierto, dado que con arreglo al artículo 37.3 de la citada Orden de 23 de julio de 2008, con independencia de las comprobaciones que deba realizar la Dirección General de Fondos Europeos, el control financiero de los gastos cofinanciados por los Fondos Europeos se ejercerá por la Intervención General de la Junta de Andalucía: ¿cuánto tardará la Intervención General en actuar? ¿O seguirá mirando para otro lado?

Ustedes estarán tan sorprendidos como yo en este momento de la lectura. Pero no es un ataque de locura el que motiva mis puntualizaciones. Como explicaré con más detalle en la denuncia, toco el tema central de mi denuncia: la Comunidad Autónoma de Andalucía sólo tiene la competencia de ejecución en materia de fomento del empleo, incluida la formación para el empleo. Es decir, su gestión se limita a ejecutar la normativa que apruebe el legislador nacional –leyes- y el Gobierno de la nación –reales decretos y órdenes-, con la única opción de regular “ad intra” los órganos de la Junta que deben ejecutarla, ya sean con fondos procedentes de los presupuestos estatales y autonómicos como de los europeos.

En ningún caso, las normas autonómicas pueden alterar, modificar o añadir algún punto específico que vulneren las normas estatales que aprueben las bases reguladoras de las subvenciones o ayudas que otorgue la Junta de Andalucía.

Y esto es así porque el bloque de constitucionalidad lo tiene establecido de esta manera: por un lado, el artículo 149.1.7ª de la Constitución, y por otro, el artículo 63 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, establecen que le corresponden a la Comunidad Autónoma, en el marco de la legislación del Estado, las competencias ejecutivas en materia de empleo y relaciones laborales, que incluyen en todo caso todo caso “Las políticas activas de empleo, que comprenderán la formación de los demandantes de empleo y de los trabajadores en activo, así como la gestión de las subvenciones correspondientes; la intermediación laboral y el fomento del empleo”.

Es más, el Tribunal Constitucional lleva reiterando en sus sentencias durante años que en materia de legislación laboral, incluida la formación para el empleo, la competencia de las Comunidades Autónomas es la de mera ejecución de la normativa estatal. Aunque en mi apartado del blog de denuncia me extiendo con más detalle, traigo aquí lo que en la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 35/2013, de 14 de febrero de 2013, que conoce muy bien la Junta de Andalucía, se dice respecto a la regulación por el Estado de un solo aspecto de la formación para el empleo, como es determinar los colectivos prioritarios:

“La determinación de los colectivos prioritarios para el acceso a las distintas iniciativas en materia de formación continua se inscribe en el ámbito propio de la legislación laboral que el art. 149.1.7 CE atribuye a la competencia exclusiva del Estado. Hemos declarado en este sentido que «las competencias referidas a la legislación son normativas y comprenden la totalidad de la potestad para la regulación de la materia a que se contrae; y las competencias ejecutivas son por regla general aplicativas, llevando a la práctica lo establecido en la disposiciones normativas» (STC 103/1999, FJ 49). En particular, «la exigencia de uniformidad que informa el título competencial del Estado sobre legislación laboral ex art. 149.1.7 CE (STC 227/1998, de 26 de noviembre, FJ 9) determina en definitiva que ningún espacio de regulación externa les resta a las Comunidades Autónomas, las cuales únicamente pueden disponer de una competencia de mera ejecución de la normación estatal» (STC 51/2006, de 16 de febrero, FJ 4).”

El Servicio Andaluz de Empleo era un organismo autónomo hasta el año 2010, y por tanto, correspondía a los funcionarios la labor de gestión de las subvenciones. Pero –porque en la Junta casi todo tiene un pero- lo que muchos desconocen es que gran parte de la tramitación la realizaba el personal contratado externo a la Administración, que no eran funcionarios. La Cámara de Cuentas ya lo expuso en su Informe de 2007: “La plantilla presupuestaria del ejercicio 2004 recoge un total de 1.660 plazas, con el siguiente detalle: 4 altos cargos, 1.092 funcionarios y 564 laborales. No obstante, como se indica en los párrafos siguientes, la plantilla real es significativamente superior.” … “Por otro lado, se debe señalar que durante el ejercicio fiscalizado 977 trabajadores dependientes de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) han desempeñado sus funciones en dependencias del SAE para la prestación de apoyo al proyecto “Modernización de estrategias en el ámbito del empleo”, que fueron contratados con carácter temporal y para la “realización de una obra o servicio determinado”.

Algunos sindicatos de funcionarios lo denunciaron públicamente, pero a nadie parece interesarle las irregularidades en materia de personal que se producen dentro de la Administración, y que suele ser una de las causas de la corrupción imperante. Pero si tenemos en cuenta que las funciones de la Inspección de Trabajo se ejecutan por la Junta de Andalucía, nos encontramos con “gallinas cuidando a zorros”, en sentido coloquial. ¿Qué vamos a esperar?

Por otro lado, ¿serían nulos los certificados y diplomas entregados a los alumnos que ni siquiera recibieron la formación?

Para colmo de males, con la normativa vigente, los certificados y diplomas concedidos a los alumnos que nunca asistieron a los cursos de formación para el empleo, o lo hicieron de forma parcial, o que no hicieron exámenes, podrán utilizarse para acreditar contenidos de los “certificados de profesionalidad” a que se refiere el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, que a su vez podrán utilizarse para convalidar títulos de la Formación Profesional del Sistema Educativo, con lo cual, esos alumnos que nunca asistieron a dichos cursos “fantasmas” podrían tener acceso a las Universidades, salvo que esos certificados y diplomas se declaren nulos por los órganos competentes.

¿Y la Junta de Andalucía actuó inmediatamente para acabar con estas irregulares prácticas denunciadas durante años por la Cámara de Cuentas? ¿Puso en marcha toda su maquinaria de Interventores, Letrados e Inspectores Generales de Servicios para evitar estas barbaridades? No, peor aún: en el año 2010, convirtió el Servicio Andaluz de Empleo, que pertenecía a la Administración General, en una Agencia de Régimen Especial, dando cabida en su interior a personal contratado privado, para perpetuar el sistema en el tiempo, y seguir abonando el terreno para la corrupción. ¿El modelo andaluz es el que hay que exportar al resto de España? ¿Quién tiene la desfachatez de defender eso? 

Si los ciudadanos andaluces siguen amparando estas situaciones, ¿qué esperan? ¿Que no haya recortes en materia educativa, social y sanitaria? No sólo no los habrá, sino que aumentarán con el tiempo, porque la deuda pública y la nefasta gestión de la Junta de Andalucía se irán comiendo el presupuesto.

Si le interesa profundizar más en el tema, puede leer el apartado de "denuncias": aquí.